A casi tres años de un fallo judicial que obligaba al traslado del basural de Sunchales, la Justicia otorgó una nueva prórroga de dos años para concretar la mudanza. La medida, lejos de representar un avance, expone la falta de resultados concretos por parte de la gestión local encabezada por el intendente Pablo Pinotti, y prolonga el funcionamiento de un predio cuya criticidad ambiental fue reconocida por la propia administración. En noviembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial había sido clara: el Municipio debía agilizar todos los pasos administrativos y técnicos para construir el nuevo Complejo Ambiental, e informar periódicamente a la población sobre los avances. Además, se involucró al Ministerio de Ambiente y al Concejo Deliberante, a los que también se les exigió colaboración y transparencia. Sin embargo, desde entonces, el proceso avanzó a paso lento. Recién en junio de 2025 —y en el marco de una audiencia judicial celebrada en Rafaela— el gobierno municipal presentó informes y documentación que justificaron la necesidad de una prórroga de dos años más. El nuevo plazo se extenderá hasta 2027. El predio lleva años siendo escenario de reclamos y promesas. Foto: Prensa   Mientras tanto, el predio actual continúa operando pese a los reiterados cuestionamientos de vecinos y organizaciones ambientalistas. Según lo informado por la propia Subsecretaría de Ambiente local, el lugar arrastraba una situación crítica hasta diciembre de 2023. Si bien se implementaron acciones de saneamiento, las mejoras no resuelven el problema estructural de fondo: el funcionamiento prolongado de un sitio con serios riesgos ambientales. Desde el Municipio destacan la firma de un convenio con el Ministerio de Ambiente provincial que compromete casi 300 millones de pesos para obras en el nuevo terreno. Pero aún no hay fecha de inicio ni pliegos licitatorios definitivos. Mientras tanto, el proyecto continúa en etapa preparatoria y sin avances visibles en el terreno. El nuevo fallo judicial, si bien evita sanciones inmediatas, vuelve a dejar en evidencia un proceso plagado de demoras, promesas incumplidas y falta de ejecución. La postergación de decisiones políticas clave, sumada al impacto ambiental sostenido sobre la zona afectada, refuerza el malestar de los vecinos y pone en duda la capacidad de la actual gestión para cumplir con una obligación que lleva años pendiente.
