“Si nuestras fábricas trabajaran como el Congreso, se fundirían. Estuvieron 72 días sin reunirse”. La frase, pronunciada por el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Eduardo Borri, resume el enojo que existe en ese sector industrial por la demora de la Cámara de Diputados en avanzar con el debate de la Ley nacional de Maquinaria Agrícola. Se trata de la iniciativa que impulsan las empresas de capitales nacionales para definir de manera concreta qué equipos se consideran de fabricación local y, de esa manera, dirigir los créditos subsidiados del Estado hacia los mismos. Según los industriales, si el proyecto no empieza a ser tratado y logra al menos media sanción en Diputados, corre riesgo de perder estado parlamentario y tener que volver a fojas cero a partir del 1° de enero de 2024. POR UNA LEY DE MAQUINARIA Borri, acompañado por Hernán Zubeldía (vicepresidente 2° de CAFMA y titular de la cámara de Buenos Aires – Magriba) y Luciana Mengo (protesorera y presidenta de la asociación de Córdoba – Afamac), repitió algunos de los argumentos que habían vertido durante Agroactiva para defender la posición de los industriales locales. “No estamos planteando nada distinto a lo que Brasil hace con nosotros. Estamos queriendo despejar la metodología de trabajo de una industria que agrega valor en origen y les da vida a los pueblos del interior”, indicó. Y añadió, intentando acercar posiciones con las empresas multinacionales que manifestaron su descontento con las posturas de CAFMA: “No estamos en contra de la importación, no queremos alambrar la Argentina, entendemos que la Argentina tiene que estar cada vez más inserta en el mundo, y que hay que adquirir la tecnología que el mundo está desarrollando”.   No obstante, insistió en que, por ejemplo, durante Agroactiva se ofrecieron $ 60.000 millones a una tasa del 59%, que es cierto que el principal beneficiado es el productor, pero no deja de ser una realidad que $ 43.000 millones “subsidiados por todos los argentinos” se fueron para compañías extranjeras y solo $ 14.000 millones para las de capitales argentinos. “Si buscamos un país agroindustrial y con soberanía alimenticia, lo que pretendemos es competitividad con las mismas reglas de juego, pagando los mismos proveedores y carga impositiva. Es la única forma de que haya una competencia sana y leal. No es que no queremos que las multinacionales estén en Argentina, lo que queremos es que realmente estén en Argentina”, añadió Zubeldía. LOS DARDOS A LA POLÍTICA A grandes rasgos, el pedido de CAFMA es razonable: que al menos el proyecto, con todos los matices que pueda generar, entre en debate. “Son momentos complejos para la Argentina y los políticos están muy entretenidos peleándose entre ellos y olvidándose de lo que necesitamos los industriales de a pie”, continuó Borri con sus críticas. En este punto, repasó que desde junio –momento en que se realizó Agroactiva– el proyecto siguió casi sin avanzar y está parado en la Comisión de Industria. “Con que solo tres diputados soliciten su tratamiento ya se podría ejecutar”, enfatizó. Mengo reforzó: “Les pedimos a los políticos que nos presten atención. Nuestra parte la hemos hecho, poniendo recursos propios, falta la contraparte de quienes tienen que darle tratamiento parlamentario”.   Incluso la industrial cordobesa señaló que no quieren tener la razón “del todo” con esta propuesta, pero sí que al menos se comience a discutir, se escuchen las posiciones que haya que escuchar, se investigue y se pueda avanzar. “La agenda de los políticos pasa por un proceso electoral; la nuestra por trabajar todos los días, hacer inversiones, dar empleo. Necesitamos que salgan un poquito de su agenda individual y trabajen un poco más sobre la agenda de la industria”, continuó. PEDIDOS PUNTUALES A la hora de analizar el contenido de la ley, Mengo insistió en que “el espíritu de la ley no es ser proteccionistas”, pero advirtió que pareciera haber muchas veces una intencionalidad por parte de las firmas multinacionales de “prorrogar” el debate. “Insisten en avanzar gradualmente sobre una nacionalización, pero hace 10 años que lo pueden hacer. Si realmente están fabricando en Argentina como dicen, no habría discusión alguna; si entran dentro de los parámetros que quiere establecer la ley, no habría origen a la discusión”, enfatizó. Uno de los argumentos que esgrimen las empresas foráneas es que no consideran acertado que se tome solo en cuenta la participación de partes nacionales sobre el componente de una máquina, sino que se contemplen también inversiones en infraestructura, empleo y desarrollo de proveedores, además de si los chapas o las cubiertas se obtienen a nivel local o se traen del exterior.   Para Borri, “los datos matan cualquier relato” y al respecto citó que mientras los fabricantes argentinos generan el 90% de los empleos del sector, solo movilizan el 55% de la facturación y utilizan apenas el 30% del crédito disponible. “El problema es que el crédito generalizado se termina agotando con los productos más caros, y la diferencia entre una cosechadora y un cabezal es muy grande. Si los recursos son finitos, hay que dirigirlos mejor”, reflejó.
Cámara Argentina de Fabricantes
