La causa que involucra al exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, y a los exsecretarios de Hacienda Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy dio un nuevo paso procesal y se encamina hacia la instancia de juicio oral. Tras la confirmación de la acusación por parte de la Cámara de Rafaela, el juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peral, dictó el auto de apertura a juicio, resolución que habilita la realización del debate. Luego de quedar firme la imputación, los tres acusados realizaron un cambio en su representación legal. Hasta el momento asistidos por la Defensa Pública, designaron como abogados particulares a Pablo Mosconi y Rafael Juárez, quienes asumirán la defensa técnica en la etapa oral. La investigación reúne catorce hechos atribuidos al período de gestión municipal encabezado por Busquets, quien gobernó la ciudad de Ceres entre 2003 y 2019. Según la acusación presentada por el fiscal de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5, Guillermo Loyola, los hechos incluyen presuntas maniobras de malversación de caudales públicos agravada, fraude a la administración, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otras figuras penales. En la causa interviene también la Municipalidad de Ceres como parte querellante, representada por el abogado Ignacio Alfonso Garrone. La administración local, actualmente a cargo de la intendente Alejandra Dupouy, ofreció pruebas documentales y testimoniales, y la propia mandataria figura entre quienes deberán declarar durante el juicio. Los hechos señalados por fiscalía y querella incluyen el presunto desvío de subsidios provinciales, la falta de depósito de aportes sindicales retenidos a empleados municipales, la omisión de deudas en el informe de traspaso de gestión del año 2019 y la adjudicación indebida de obras públicas. Además, se atribuyen cargos por aceptación ilegal de cargo y abuso de autoridad relacionados con designaciones consideradas irregulares dentro del municipio. El auto de apertura dictado en octubre detalla el conjunto de pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas un extenso listado de testimonios y documentación que serán analizados en el desarrollo del juicio oral. La Oficina de Gestión Judicial deberá ahora integrar el tribunal colegiado y fijar la fecha de inicio del debate, paso que dará continuidad al proceso penal iniciado varios años atrás.
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