La empresa santafesina Surcos S.A., dedicada a la producción de agroquímicos y con presencia en Argentina y países vecinos, atraviesa una nueva crisis tras su reciente default financiero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) la denunció penalmente el lunes 23 de diciembre, sospechando que ocultó información relevante antes de emitir nuevos instrumentos de deuda. La denuncia está vinculada a la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por parte de Surcos S.A. días antes de comunicar públicamente su incapacidad para cumplir con los pagos. Esta maniobra podría constituir un delito, según lo establecido por el artículo 309 del Código Penal. En su denuncia, la CNV argumentó que la empresa, previamente, había informado su imposibilidad de pagar un pagaré financiero con vencimiento el 28 de noviembre y la baja de calificación de riesgo por parte de FIX SCR S.A. Sin embargo, la firma emitió ON sin divulgar la información que reflejara su real situación financiera. Las implicancias legales   De acuerdo con la legislación vigente, quienes ofrezcan valores negociables o instrumentos financieros ocultando hechos relevantes pueden enfrentar penas de prisión (de uno a cuatro años), multas equivalentes al monto de la operación y una posible inhabilitación de hasta cinco años. Por esta razón, la CNV consideró que existían suficientes fundamentos para realizar la denuncia penal por el presunto incumplimiento del artículo 309 del Código Penal. En los días previos al incumplimiento de un pagaré por u$s 500.000, la empresa emitió dos ON por un total de u$s 16,67 millones, una de ellas (Serie A) con vencimiento en noviembre de 2026 y un monto de u$s 15,1 millones, y la otra (Serie B) por u$s 1,57 millones con plazo hasta febrero de 2027. Además, Surcos enfrentó otro incumplimiento poco después, cuando no pudo cumplir con el pago de otros pagarés bursátiles por un total de u$s 3,5 millones y $9.364 millones. Refinanciación y defensa de la familia Calvo La familia Calvo, propietaria de Surcos S.A., aseguró que ejercerán su derecho a la defensa ante las acusaciones y continuarán con su estrategia de refinanciación del pasivo a través de un proceso de negociación con sus inversores. La denuncia de la CNV también incluye una medida cautelar que afecta a los bienes de la empresa, con un embargo por un total de 7,54 millones de dólares. Este nuevo capítulo agrava la situación financiera de la firma, que sigue siendo el centro de atención de las autoridades regulatorias y de los inversores.
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