En Rafaela, en días distintos de la última semana, dos hombres con historial delictivo extenso y problemas de adicciones fueron enviados a prisión preventiva por orden de la Justicia local. Los jueces coincidieron en que, más allá del tipo de delito que se les imputara en cada caso (los cuales no estaban entre los más graves), existía un patrón preocupante: reiterancia, incumplimiento de medidas alternativas y riesgos procesales que hacían necesario el resguardo de las víctimas y del proceso judicial. El primer caso es de este jueves y corresponde a Lucas Ezequiel Chazarreta, de 38 años, quien el 24 de agosto ingresó a un consultorio en Oyoli al 21 forzando una ventana y sustrajo una pava eléctrica, un parlante y un detergente. Las cámaras de seguridad registraron al hombre en el lugar y un día después fue detenido en inmediaciones de Luis Fanti y José Martí, tras ser identificado a través de imágenes difundidas por Ojos en Alerta. Chazarreta ya contaba con tres condenas previas unificadas en cinco años, cumplidas hasta mayo de 2024, por robos, comercialización de estupefacientes y robo calificado con arma. También se le investigan otros delitos relacionados con robos y violación de domicilios. Su situación personal —vive en la calle y con problemas de adicciones—, junto a la historia de incumplimiento de medidas alternativas, fueron determinantes para que el juez Nicolás Stegmayer dictara 90 días de prisión preventiva, preservando así la investigación y la seguridad de la víctima. La fiscal a cargo fue Lorena Korakis, y la defensa estuvo a cargo de Georgina Alasia. Otro imputado había transitado por un camino judicial muy similar el martes pasado. Gabriel Andrés Borgnia, con antecedentes de cinco legajos abiertos y alrededor de 15 hechos principalmente contra la propiedad, fue acusado ahora de robar una bicicleta en calle Alem al 300, una motocicleta en un complejo de Av. Mitre y de ingresar a una panadería en calle Dorrego donde fue sorprendido comiendo mercadería en el local. Si bien las cámaras de los primeros hechos no permitían identificar al autor con claridad, el ingreso al comercio fue in fraganti, lo que llevó al juez Javier Bottero a dictar 60 días de prisión preventiva, considerando que, aunque existiera un contexto de necesidad social y adicciones, no se justificaba el acceso a un comercio para sustraer alimentos, y que su conducta podía entorpecer la investigación y afectar a testigos. La fiscal fue Cecilia Doro, y la defensa estuvo a cargo del abogado Aníbal Caula. Ambos casos muestran un patrón similar: personas con historial delictivo y problemas de adicciones, que habían recibido medidas alternativas que no cumplieron y que continuaron cometiendo delitos pese a la intervención de la Justicia. En las audiencias, los jueces destacaron que estas circunstancias hacen necesario el resguardo de las víctimas y el control del proceso judicial. Las defensas, en ambos casos, apelaron a la situación social y a la necesidad vinculada a las adicciones para solicitar medidas menos restrictivas, mientras que los fiscales y jueces sostuvieron que la reiteración y el incumplimiento de normas transformaban cualquier excusa en un riesgo procesal y social.
Lorena Korakis
Lorena Korakis
