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En el Congreso Nacional hay varias iniciativas legislativas que proponen disminuir la jornada laboral legal. La idea subyacente es que reduciendo la jornada laboral a menos de 8 horas diarias o 48 horas semanales que rigen actualmente, las empresas serán compelidas a demandar m&aacute;s trabajadores sin afectar negativamente las remuneraciones. De esta forma, se cree, habr&aacute; m&aacute;s trabajo para todos. La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de Argentina. En el mundo desarrollado también es un tema de agenda. Pero la particularidad en estos países es que est&aacute; m&aacute;s centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo. En los pa&iacute;ses desarrollados, el sostenido crecimiento de la productividad laboral lleva a plantear el dilema de si conviene que esto se siga traduciendo en aumentos en las remuneraciones o incrementar el tiempo libre que disponen los trabajadores, dej&aacute;ndolos optar a ellos entre m&aacute;s remuneraciones o m&aacute;s tiempo libre. Para un buen diagnóstico de la situaci&oacute;n argentina, resulta útil indagar cu&aacute;nto trabajan los argentinos actualmente. Seg&uacute;n datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, referida al año 2023, se observa que: Un 15% trabaja m&aacute;s de 48 horas semanales.Un 19% trabaja entre 40 y 48 horas semanales.El 66% trabaja menos de 40 horas semanales. Estos datos muestran que en la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida. En la mayor&iacute;a de los casos esto viene asociado con pobreza por bajos salarios y elevada informalidad. El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos. Por lo tanto, el principal desaf&iacute;o no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas. Esta es la v&iacute;a para que haya m&aacute;s puestos de trabajo, con mayor productividad laboral, con altos salarios y con jornadas laborales razonables. Bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones demanda un in&eacute;dito aumento en la productividad. Por ejemplo, si se fijara una jornada diaria de 6 horas en lugar de 8, para compensar habr&iacute;a que aumentar la producci&oacute;n en un 33%. Si no aumenta la producci&oacute;n (es decir, la productividad no compensa el aumento de costos), la empresa optar&aacute; por aumentar los precios de los productos que vende, contratar empleados en la informalidad o directamente suspender la producci&oacute;n y no contratar. Dado que se acumulan d&eacute;cadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendr&aacute; asociado m&aacute;s informalidad y m&aacute;s inflaci&oacute;n. Para multiplicar los empleos formales es necesario abordar un ordenamiento integral del Estado y la modernizaci&oacute;n de las instituciones laborales. Aumentar la inversi&oacute;n y la capacidad de generaci&oacute;n de empleos de calidad depende crucialmente de contar con un sistema tributario m&aacute;s simple y racional. Tambi&eacute;n de que el Estado incremente sus niveles de eficiencia para producir servicios p&uacute;blicos de calidad y proveer mejor infraestructura. La revisi&oacute;n de las instituciones laborales, por su parte, debe apuntar a simplificar la registraci&oacute;n laboral, disminuir las cargas sociales, prever nuevas formas de relaci&oacute;n en el empleo adaptadas a las din&aacute;micas actuales y darle previsibilidad a la indemnizaci&oacute;n por despido. Hace una d&eacute;cada que la producci&oacute;n est&aacute; estancada, la inflaci&oacute;n es muy alta y no se generan empleos de calidad. Las empresas privadas apenas contratan 6 millones de personas cumpliendo con las normas, cuando hay casi 20 millones de ocupados. Esto es la consecuencia de que desde hace mucho tiempo solo se crean empleos informales (sean en relaci&oacute;n de dependencia no registrada o como cuentapropistas) y empleo p&uacute;blico. Adem&aacute;s, ayuda a disimular la falta de empleos las muy altas tasas de inactividad laboral. En un contexto de tan profunda degradaci&oacute;n productiva y laboral, disponer por ley la reducci&oacute;n de la jornada no aportar&aacute; soluciones, sino m&aacute;s problemas.

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