La eliminación del certificado que regulaba el ingreso de maquinaria usada al país generó un rechazo unánime en el sector industrial, que advierte sobre la amenaza a la producción nacional y al empleo. El decreto 273/2025, publicado este miércoles por el Gobierno nacional, desató una fuerte reacción en la industria. La norma elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un requisito clave que durante más de tres décadas funcionó como barrera para el ingreso indiscriminado de maquinaria y equipos usados. La decisión, presentada como parte de una política de apertura económica, generó alarma en sectores productivos estratégicos, especialmente en Santa Fe, corazón de la maquinaria agrícola argentina. La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) fue una de las primeras en alzar la voz. A través de un comunicado, la entidad expresó su “profunda preocupación” y reclamó una “revisión urgente” de la medida, a la que consideró contraria a los principios de desarrollo federal, producción nacional y generación de empleo genuino. “Esta decisión expone a la industria nacional a una competencia desleal. Se habilita la entrada de maquinaria descartada en sus países de origen, sin exigencias de trazabilidad, seguridad ni compatibilidad técnica. Es un retroceso que pone en riesgo procesos productivos y la salud de trabajadores y consumidores”, advirtió la entidad. El impacto se siente con fuerza en Santa Fe, donde funcionan más de 2.000 fábricas metalmecánicas, muchas de ellas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola. Este entramado genera más de 50.000 empleos directos y abastece a sectores estratégicos como el agro, la energía, el transporte y la construcción. Un dirigente del sector lo sintetizó de forma contundente: “En este contexto, no hay futuro para la industria”. La resolución del Ejecutivo también levantó voces críticas desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que calificó la medida como “alarmante” y advirtió que habilita el ingreso de tecnología obsoleta sin controles técnicos adecuados. “Se debilita a los fabricantes nacionales y se consolida la dependencia tecnológica. Mientras otros países protegen su industria, Argentina se convierte en el basurero de equipos en desuso”, señalaron desde la entidad. Ambas organizaciones coincidieron en que el decreto fue adoptado sin instancias de diálogo con los sectores involucrados, ni alternativas técnicas que salvaguarden la competitividad local. Desde ADIMRA remarcaron la necesidad de diseñar “políticas industriales sostenibles, con visión de largo plazo, que promuevan innovación, empleo calificado y desarrollo tecnológico”. Para FISFE, el camino debería ir en sentido contrario: fortalecer la industria nacional y no debilitarla mediante la incorporación de tecnología descartada que, lejos de impulsar el desarrollo, lo estanca. En su justificación, el Gobierno argumentó que la eliminación del CIBU forma parte de un paquete de medidas para "profundizar la apertura económica y contribuir a la superación de la emergencia". Sin embargo, fuentes del sector privado sostienen que la medida responde a compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El CIBU, instaurado en 1994, obligaba a cumplir un proceso de validación con participación de organismos técnicos y del sector privado, que buscaba garantizar que los bienes usados a importar no afectaran la producción local. Con su derogación, también caen restricciones a la importación de otros bienes usados en rubros como petróleo, automotriz, industria gráfica y metalmecánica. Con un entramado productivo que ha invertido sostenidamente en innovación, capacitación y tecnología, la industria santafesina reclama ahora reglas claras y estables que no la coloquen en desventaja frente a productos foráneos de menor calidad. “Defender la producción nacional no es eslogan, es establecer normas que impidan la degradación del sistema productivo”, concluyeron desde FISFE.
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