El juez federal a cargo del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dispuso el procesamiento de cinco personas -dos de ellas con prisión preventiva- acusadas de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 150 usinas de comprobantes apócrifos para la emisión de aproximadamente 40 mil comprobantes electrónicos desde enero del 2018 hasta mayo de este año, período en el que habrían facturado un valor estimado de 10 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos en crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida judicial incluyó la traba de un embargo sobre los bienes de los imputados por 7 millones de pesos. En la causa intervinieron el titular de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, y la fiscal federal coadyuvante María Virginia Sosa, quienes el 4 de junio pasado requirieron los allanamientos de diez domicilios. En los procedimientos intervinieron la Policía Federal (DUOF Rosario) y personal especializado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que secuestró elementos de interés para el avance de la investigación como teléfonos celulares, computadoras/notebooks, discos externos, pendrives, vehículos y diversa documentación. La causa     La denuncia original de los hechos fue presentada por parte del director Interino de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva de la AFIP en la sede de la Unidad Fiscal de esa ciudad. Posteriormente, el organismo público presentó ampliaciones de denuncia, que dieron cuenta del acrecentamiento tanto de la facturación apócrifa como del crédito fiscal IVA. La investigación fue delegada a la Unidad Fiscal a cargo de Arzubi Calvo y su impulso permitió identificar las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, individualizar a los autores y determinar los roles que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal. Por tal motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal N°4 el allanamiento de los diez domicilios. El juzgado federal dictó el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. – uno de ellos contador público- por formar parte de una asociación ilícita fiscal para llevar a cabo múltiples, sistemáticas y reiteradas tareas ilícitas mediante “empresas papel”, es decir, creadas para la maniobra fraudulenta.
