Tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la desregulación del comercio fluvial, implementando modificaciones a la ley de cabotaje, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se mostró confiado en que los cambios “impactarán de manera positiva en la actividad portuaria en la provincia”, y destacó que “muchas de las modificaciones que quedaron plasmadas en el Boletín Oficial, las veníamos trabajando en el marco de Región Litoral y tuvimos la oportunidad de hablarlas con Iñaki Arreseygor, director de la Agencia de Puertos y Vías Navegables”. El ministro santafesino recordó que “tuvimos instancias de trabajo junto a Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones en el marco de Región Litoral, donde delineamos un borrador y luego pudimos trabajar con Arreseygor. Sentimos que en lo que hace a las modificaciones regulatorias, el Gobierno Nacional toma en serio los cambios que se proponen desde Santa Fe y otras provincias”. Además Puccini explicó que “este es uno de los ejes que veníamos planteando para mejorar la competitividad logística de la provincia, junto con la nueva licitación de la Hidrovía, y las obras de infraestructura que tienen que ver con los accesos a los puertos y la reparación de las rutas nacionales. Estos tres ejes buscan facilitar las conexiones comerciales, impulsar la actividad portuaria y reducir los costos logísticos”. Los cambios propuestos y el Boletín Oficial   Desde la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo hicieron un balance entre las propuestas que se llevaron ante Nación y lo que terminó plasmado en el texto promulgado. Desde Provincia se propusieron modificaciones “vinculadas a la falta de bodega nacional, y los altos costos laborales e impositivos que eso implicaba, además pedíamos las modificaciones porque entendíamos que la ley vigente generaba un impacto negativo en los puertos de la provincia y en toda la cadena logística”. El Decreto 340/2025 señala que “los costos de operación de buques de bandera argentina son hasta 4 veces mayores”, lo cual “desincentiva a los armadores” y “pone en riesgo la continuidad de la Marina Mercante Nacional”, y en otro pasaje agrega que la situación “afecta la cadena logística” y genera “un impacto económico para todos los actores involucrados”, poniendo en riesgo el comercio local e internacional. Otro de los puntos planteaba permitir excepciones a la ley para que “buques de otra bandera puedan brindar este servicio mientras adecuamos nuestras leyes”. Y criticaba la burocracia actual y la intervención aduanera “encarece y complica la operación. Transportar una carga nacional por cabotaje requiere los mismos trámites que traerla de China”. El decreto crea el Régimen de Excepción que autoriza buques extranjeros por hasta 180 días si no hay buques nacionales disponibles. Además deroga o modifica artículos que imponen sobrecostos similares (como inspecciones y exigencias de matrícula), buscando una normativa más ágil y competitiva. Vale consignar que desde la Provincia se pidió “reducir la carga impositiva sobre el pabellón argentino para mejorar competitividad”, y en esa línea el decreto nacional propone igualar las condiciones impositivas para buques extranjeros que operen bajo régimen de excepción, y elimina barreras fiscales para facilitar la reactivación del sector.
Ley de cabotaje
