El Gobierno Provincial implementó un nuevo régimen de contrataciones para el Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip). La medida busca fortalecer la gestión, optimizar recursos y consolidar un sistema carcelario que vincule el trabajo con la formación y la reinserción social. La Provincia avanza en la consolidación de un modelo penitenciario moderno, sustentable y orientado a la reinserción. En ese marco, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, presentaron los alcances del nuevo régimen de contrataciones del Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), que introduce un esquema más ágil, transparente y eficiente para la adquisición de insumos y el desarrollo de actividades productivas en las cárceles. La iniciativa forma parte de una política integral que busca reconvertir la estructura penitenciaria provincial para fortalecer la cultura del esfuerzo, el aprendizaje y la responsabilidad. El nuevo marco normativo permitirá al Iapip operar con criterios de gestión propios de una empresa pública moderna, facilitando los procesos de compra, producción y venta, y dotando al organismo de autonomía operativa. “El objetivo es aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, transformando la ociosidad en trabajo y capacitación”, explicó el ministro Cococcioni. “El Iapip necesita una lógica productiva que le permita funcionar con previsibilidad y eficiencia, y este régimen lo hace posible”. Cococcioni recordó que el instituto, aunque autárquico, “funcionaba con rutinas burocráticas que obstaculizaban su desarrollo empresarial”. Puso como ejemplo los talleres de panadería que elaboran productos para consumo interno y venta al público, pero que debían tramitar un expediente por cada compra de harina, lo que demoraba la producción. “Este decreto simplifica esos procesos sin perder control ni transparencia”, añadió. Agilidad y eficiencia   El ministro Olivares destacó que la medida busca optimizar recursos públicos y consolidar una administración penitenciaria autosustentable. “Queremos que la Industria Penitenciaria se rija por los estándares de una empresa eficiente. Dotarla de herramientas de gestión le permitirá planificar, comprar a mejor precio y aumentar el volumen de trabajo”, explicó. El titular de Economía subrayó que el decreto garantiza los principios de concurrencia y publicidad en las contrataciones, pero con mecanismos más ágiles que eviten la parálisis administrativa. “La industria penitenciaria requiere abastecimiento continuo. Con esta reforma, el sistema gana previsibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta”, apuntó. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que el trabajo en contexto de encierro forma parte del programa de tratamiento penitenciario individual que se aplica a cada interno. “Cada persona privada de libertad tiene un plan que define sus actividades formativas y productivas. Su cumplimiento influye en la calificación y en la posibilidad de acceder a beneficios legales, como salidas transitorias o libertades asistidas”, explicó. Talleres de producción Por su parte, la directora del Iapip, Rocío Zanón, detalló que el instituto cuenta con talleres en casi todas las unidades penitenciarias de la provincia y que los internos que participan reciben una asignación estímulo. “Los talleres funcionan de lunes a viernes de 6 a 12, con producción textil, panificación, carpintería y herrería. Este decreto nos permite mejorar costos, planificar compras y garantizar precios más competitivos para el Estado”, señaló. Cococcioni subrayó que la reforma se enmarca en una estrategia integral de reordenamiento penitenciario, posible tras resolver el problema del hacinamiento en comisarías. “Cuando asumimos, el desafío era trasladar a los detenidos al sistema carcelario. Hoy, con obras que incorporarán más de 7.000 plazas, podemos avanzar hacia una política moderna, que combine seguridad, eficiencia y oportunidades de reinserción”, afirmó. Con esta medida, Santa Fe da un paso más en la construcción de una política penitenciaria basada en el trabajo, la transparencia y la planificación, que busca equilibrar la firmeza institucional con la inclusión social. El objetivo final: que las cárceles sean espacios de producción, aprendizaje y responsabilidad compartida.
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