El juez federal de Cámara de Santa Fe José María Escobar Cello condenó en la mañana de este jueves, a un hombre y dos mujeres rafaelinos por delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual con fines económicos. En el fallo, el magistrado dispuso para Leonardo Alfredo Chaves, de 55 años, la pena de cuatro años de prisión como autor responsable del delito de explotación de la prostitución de una persona, manteniendo su declaración de reincidente; en tanto que dispuso la pena de dos años de prisión para Edith Valentina Rojas, de 78 años, -madre de Cháves- e Inés Claudia Arias, de 55 años, quien era pareja de Cháves, aunque luego se separaron. Cháves se encuentra detenido en el Instituto Correccional de Coronda, donde purga una pena de 11 años de prisión por homicidio simple, cuya pena deberá ser unificada con la nueva sentencia. Sin embargo, más que la condena -que se dio en el marco de un juicio de procedimientos abreviados, pese a que los hechos investigados ocurrieron en enero de 2014- lo que quedó en evidencia tras el fallo judicial es apenas una muy pequeña parte de las crueles historias que hay detrás de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres por la vía de la prostitución, una realidad que durante muchas décadas marcó a un sector de la ciudad con el estigma de ser la "zona roja" de Rafaela. Durmiendo con el enemigo   La trama judicial del presente caso se inició el 25 de enero de 2014, hace más de diez años. Ese día hubo una denuncia formulada ante la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por medio del cual se ponía en conocimiento la desaparición de T.J.L., oriunda de la ciudad de Santa Fe. En dicha denuncia se indicaba que su pareja de ese momento la obligaba a prostituirse y que se encontraba en un prostíbulo ubicado en Rafaela. Fue la madre de T.J.L la que se presentó, exponiendo que su hija había sufrido graves hechos de violencia y amenazas por parte de quien era su pareja, un tal Agustín Aldao, quien la obligaba a prostituirse en la ciudad de Santa Fe. Además de golpearla con sistemática frecuencia, Aldao la hacía prostituirse en la calle, hasta que resolvió mandarla a Rafaela. T.J.L, de 20 años, llegó a la ciudad en los primeros días de enero de 2014. Tenía en sus manos un papel con una dirección y un nombre: Jaime Ferré 148. El nombre era de la persona que la iba a recibir en ese domicilio. Allí vivía Leonardo Chaves, junto con su madre, en la parte delantera de la vivienda, que tenía también una vivienda en la parte posterior. La chica no tuvo casi tiempo de acomodarse en la casa: recién llegada, tuvo que atender los primeros "pases" de los clientes, que pagaban 70 pesos por cada servicio sexual. Le hicieron falta tres "pases" iniciales para pagarse el pasaje y el gasto del remise, según contó en el testimonio en la causa. Declaró T.J.L. que “de noche venía la señora, se sentaba con un cuaderno y anotaba las personas que entraban. Estaban mi nombre y el de las otras chicas y anotaba ponele 70, 70, 70 y así” (…) “Se encargaba de cobrar la plata”. “Ganabas dos mil pesos y ellos se quedaban con mil pesos, capaz que más”. A los clientes le cobraba la mujer esa (…)" contó la víctima. El régimen de esclavitud En la casa del terror nada era gratis. Además de darle la mitad de los "pases", con su propia mitad la víctima que tenía pagar la comida y sus gastos diarios. El régimen era el propio de la esclavitud: las mujeres se exhibían en la puerta que daba a Jaime Ferré de día y de noche. El doble turno era para las que tenía alguna deuda con los Chaves: T.J.L. sólo "trabajaba" de noche, porque no tenía deudas. "Yo llevaba el registro (de mis pases) en un cuaderno, pero no lo me lo podían ver porque me lo iban a sacar. $70 pesos era el pase”, narró en la causa. Tampoco se permitían las comunicaciones telefónicas con el exterior, ni salidas fuera de la casa. La víctima sólo podía comunicarse con su pareja, que no era más que un victimario principal. El horario nocturno se extendía hasta las 6 de la mañande del día siguiente. “No podíamos tener plata, si se enteraban de que teníamos plata, nos entraban a revisar, nos sacaban afuera, revisaban la pieza y nos sacaban las cosas, la plata, los teléfonos” (…)”. Mencionó que “poder salir a la calle o volver tu casa”, tenía que pedir permiso al “marido”. “Si mi pareja no mandaba mensajes yo no podía salir a la calle” (…) “Tenía un teléfono que me dieron ahí, solo le podía mandar mensajes a él (por Agustín Aldao, su pareja y explotador)”. La causa expone otras consideraciones. Por ejemplo, la condenada Claudia Arias aparece mencionada con varios nombres: sucesivamente se la nombra como Claudia Cháves, Alejandra Morel, Alejandra Cháves, hasta que finalmente los investigadores establecieron su verdadero nombre: lo supieron por otra causa anterior, en donde ella aparecía como víctima y Cháves como victimario. A ella misma en otros años Cháves la habría obligado a ejercer la prostitución. La marca de la trata Este tipo de historias, tan comunes en la segunda mitad del siglo pasado y en la primera parte del siglo XXI, son apenas la punta de un gran iceberg que oculta una trama de explotaciones, trata de personas, prostitución y tráfico de seres humanos que registra incontables episodios en donde las mujeres eran una mercancía que se desplazaba hacia distintos destinos. Historias en donde hijas y nietas compartieron el mismo destino de víctimas, así como hijos y nietos le dieron forma a clanes de explotadores. "Fiolos" y "cafishios" se adueñaron de muchas casas y un puñado de manzanas de los barrios Villa Dominga, Barranquitas y Lehmann tuvieron su propio nombre: el "Bajo", aquél sitio donde la cultura machista imperante celebraba, en no pocas ocasiones, los debuts sexuales de pibes de "familias bien" en turbios tugurios donde la explotación total de la mujer era la regla aceptada. Recién en 2014, con la irrupción del nuevo sistema procesal penal en la provincia, la justicia comenzó una acción mucho más decidida y resuelta que derivó en la erradicación de los prostíbulos que formaban parte del paisaje urbano a una docena de cuadras del centro rafaelino. El MPA cumplió una labor clave en ese aspecto, aunque nunca pudo quedar al descubierto totalmente la trama de protecciones políticas y policiales que durante décadas permitieron que esas prácticas se toleraran como algo natural y se convirtieran, de hecho, en una caja para policías y funcionarios corruptos. ¿Quiere decir todo esto que se terminó la trata de personas en Rafaela? Negativo, en absoluto. Hubo avances, pero falta mucho camino todavía por recorrer en la lucha contra el flagelo de la trata.
JUSTICIA FEDERAL
