La asamblea de socios de SanCor resolvió este jueves 30 de abril aceptar por mayoría el pedido de quiebra impulsado por el Consejo de Administración. El encuentro contó con la presencia de veedores del INAES y de la Dirección de Cooperativas provincial, pero apenas un puñado de socios participó de la misma. Vale mencionar que la validez real de esta asamblea fue muy discutida, ya que se consideró que la misma no tenía alcances jurídicos verdaderos. De cualquier manera, la decisión de los asociados convalida el camino iniciado en la justicia de Rafaela -a través del juez Dr. Marcelo Gelcich, quien tiene a su cargo la causa- tras días de tensión por recursos judiciales que buscaban frenar el proceso. La votación se inclinó a favor de la postura del consejo, pese a los cuestionamientos previos de sectores internos. Semanas atrás, un grupo de extrabajadores y productores, bajo el patrocinio del abogado Aldo Regali, presentó una apelación contra la quiebra. El argumento central indicaba que el consejo no tenía facultades para disponer la medida sin el aval explícito de la asamblea. Juez Marcelo Gelcich.   El letrado había calificado la resolución judicial inicial como una "aberración absoluta". Sin embargo, el respaldo mayoritario de los socios este jueves modifica el escenario legal, ya que la Cámara deberá analizar la apelación con la voluntad de los asociados ya expresada. El impacto en los planes de salvataje   Durante la jornada se discutieron presuntas irregularidades, como el rol de la sindicatura y la falta de intervención previa del INAES. No obstante, el aval de la asamblea otorga legitimidad institucional al pedido de quiebra manifestado originalmente el 10 de abril. Pese al avance del proceso de liquidación, se mantiene en análisis un plan de salvataje para evitar el cierre definitivo. La propuesta incluye la conformación de una sociedad anónima, un fideicomiso para pagos a productores y el canje de deuda por acciones para los acreedores. La validación del pedido de quiebra por parte de los propios socios sella la decisión institucional más trascendente de la cooperativa. El futuro de la firma queda ahora supeditado a las definiciones de la Cámara de Apelaciones y la viabilidad de las alternativas de capitalización privada.
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