robo de metales

En la mañana de este viernes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de revisi&oacute;n de la prisi&oacute;n preventiva que se le impuso hace 30 días a Mart&iacute;n Hugo C., el chatarrero al que detuvieron cuando un allanamiento en el establecimiento que regenteaba en el norte de la ciudad secuestr&oacute; más de 7 millones de pesos y metales cuyo origen l&iacute;cito no pudo establecerse. Su arresto hab&iacute;a sido anunciado con bombos y platillos, y se dio en medio de una ola delictiva que golpeaba fuerte a la ciudad, justamente en lo que se refiere al robo de cables, que acababan en el circuito clandestino de la compra-venta de metales. En la audiencia, presidida por el Juez de I.P.P. Gustavo Bumaguin se le concedi&oacute; la libertad bajo reglas de conducta. Aunque apareci&oacute; un dato que gener&oacute; controversia: el abogado defensor Sergio Fregona, sostuvo que la libertad de su pupilo lleg&oacute; por un acuerdo al que hab&iacute;an arribado con el propio Intendente para que desalojen el predio que ocupaban. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio municipio, que tach&oacute; de falsa la informaci&oacute;n, ante la consulta de Rafaela Noticias, que fue adem&aacute;s el único medio presente. Rafaela 22 de Febrero de 2024 Luego de la detención de los chatarreros, aseguran que disminuyó el robo de cables y otros elementos En el plano de lo concreto, el imputado, que sigui&oacute; la audiencia a través de videoconferencia desde la Alcaid&iacute;a de Santa Fe donde se encontraba detenido, tiene un plazo m&aacute;ximo de 60 d&iacute;as para desalojar el terreno que ocupaba. Adem&aacute;s, se le impuso la prohibici&oacute;n de ejercer la actividad que ven&iacute;a realizando (de manera clandestina), a menos que obtenga la habilitaci&oacute;n correspondiente. Un futuro incierto Tras la lectura del acuerdo que le otorg&oacute; su libertad, el imputado hizo uso de la palabra, donde sostuvo que su &uacute;nica fuente de ingresos era el comercio de chatarra (en la audiencia imputativa se hab&iacute;a dicho que ganaba unos 500 mil pesos por mes). &ldquo;Ahora no voy a poder seguir trabajando. Ojal&aacute; la Municipalidad me de permiso para trabajar en otro lado&rdquo; se lo escuch&oacute; decir ante Bumaguin. El caso Cabe recordar que Mart&iacute;n C. hab&iacute;a sido detenido el 21 de febrero pasado, en un allanamiento que se realiz&oacute; en una chacarita clandestina (no contaba con autorizaci&oacute;n municipal para ejercer la actividad) ubicada en J. V. Gonz&aacute;lez, en la zona noreste de Rafaela. Al acusado, que viv&iacute;a all&iacute; con su esposa en terrenos fiscales, le encontraron piezas de grifer&iacute;a, cables, picaportes y dem&aacute;s elementos de bronce como ser l&aacute;pidas conmemorativas de cementerio; todo en bolsas arpilleras, adem&aacute;s de 7.640.000 pesos. Materiales que seg&uacute;n la parte acusatoria representada por el fiscal Dr. Juan Manuel Puig, ten&iacute;an una "procedencia il&iacute;cita", algo que el acusado sab&iacute;a, utiliz&aacute;ndolos con "fines lucrativos", es decir, compraba lo robado sabiendo su origen para luego venderlo. Por lo que el delito imputado a Mart&iacute;n Hugo C. fue el de "Encubrimiento agravado con &aacute;nimo de lucro y de habitualidad en car&aacute;cter de autor" que tiene una pena en expectativa que va de uno a seis años de prisi&oacute;n. Ver esta publicaci&oacute;n en Instagram Una publicaci&oacute;n compartida de Rafaela Noticias (@rafaelanoticias) Argumento del fiscal: sab&iacute;a que recib&iacute;a elementos robados Ese s&aacute;bado 24 de febrero, la cr&oacute;nica que realiz&oacute; Rafaela Noticias revel&oacute; que el Fiscal en su argumento para pedir la prisi&oacute;n preventiva del acusado, se bas&oacute; en el testimonio de dos empleados municipales de Electrotecnia que reconocieron que los cables hallados en la chacarita pertenec&iacute;an al alumbrado p&uacute;blico. Adem&aacute;s se refiri&oacute; a que los dem&aacute;s elementos como picaportes o l&aacute;pidas conmemorativas de cementerio tambi&eacute;n son objetos que claramente provienen del robo. El Dr. Puig no desaprovech&oacute; la oportunidad para citar como antecedente judicial a la resoluci&oacute;n de la Dra. Cristina Fortunato, que tambi&eacute;n por ese entonces hab&iacute;a dejado en prisi&oacute;n preventiva a otro chatarrero. Y destac&oacute; la gravedad del robo de cables y de metales dada la expansi&oacute;n de este delito en Rafaela y el gran perjuicio causado a las v&iacute;ctimas, lo que har&iacute;a que luego en un juicio la pena para el acusado pueda ser de cumplimiento efectivo y no condicional. Y si bien a Mart&iacute;n Hugo C. no se lo acusaba de ser el que robaba, el fiscal asegur&oacute; que sin este tipo de lugares que compran lo robado, el delito no existirìa. "No hay dudas de su responsabilidad", señal&oacute;. En toda la audiencia sobrevol&oacute; el tema del dinero encontrado al chatarrero: m&aacute;s de siete millones y medio de pesos, que para el fiscal se trata de "un monto exagerado con respecto al valor que tienen los materiales" que se vend&iacute;an, y demasiado "ahorro" para los 500 mil pesos que declar&oacute; el acusado ganar por mes por vender chatarra. Por lo que el Fiscal desliz&oacute; que esta situaci&oacute;n podr&iacute;a devenir m&aacute;s adelante en otra investigaci&oacute;n por lavado de activos provenientes de actividades il&iacute;citas. Rafaela 3 de Marzo de 2024 Se estima que en Rafaela funcionan unas 10 chacaritas Finalmente, en su argumentaci&oacute;n, el Dr. Puig se&ntilde;al&oacute; que el acusado no tiene domicilio fijo, ya que vive en un terreno fiscal, como tampoco trabajo seguro dado que el que ven&iacute;a realizando era il&iacute;cito; constituyendo todo lo anterior en una falta de arraigo y peligro de fuga. Argumento de la defensa: un trabajo para sobrevivir La defensa de Mart&igrave;n Hugo C. estuvo representada por el Dr. Sergio Fregona, cuya estrategia se bas&oacute; en mostrar a la actividad del imputado como "frecuente en Rafaela y en la Argentina" en un grupo de personas que viven del cirujeo para tratar de "llenar la olla", algo que no se podr&iacute;a considerar delito. Tambi&eacute;n Fregona cuestion&oacute; la prueba de la Fiscal&igrave;a, se&ntilde;alando que se trataba solamente de "cuatro fotos y dos testimonios", poniendo en duda la expertis de los empleados municipales para reconocer los cables. "Es una actividad de intermediaci&oacute;n entre cirujas, que le traen mercader&iacute;a - a su defendido- y que la buscan en los rellenos sanitarios", justific&oacute; la Defensa el origen de lo que hab&iacute;a en la chacarita. Y si bien reconoci&oacute; que el lugar no estaba habilitado, expres&oacute; que eso se trata de una falta municipal, pero no de un delito. Y agreg&oacute; que la esposa del acusado est&aacute; inscripta en la Afip, por lo que la venta de los materiales se realizaba de manera legal a una empresa de Paran&aacute; principalmente. La chacarita allanada funcionaba en terrenos fiscales. Para la Defensa, la Fiscal&iacute;a quer&iacute;a "dibujar un delito que no existe". Tambi&eacute;n descart&oacute; la posibilidad de fuga del acusado, dado tiene su familia en Rafaela y no cuenta con medios para hacerlo. Respecto a la plata encontrada en la chacarita, asegur&oacute; que era producto de ventas de metales, mostrando diferentes tickets. El acusado, a la hora de declarar fue en la misma l&iacute;nea que la Defensa. Sollozando, dijo que la venta de metales era su trabajo, al que catalog&oacute; como "duro", y que los elementos acopiados eran desechos que tra&iacute;a la gente al predio donde viv&iacute;a &eacute;l, llegando a juntar hasta 600 o 700 toneladas. Manifest&oacute; que hac&iacute;a un trabajo honesto y sin ocultamientos. Para el juez, el acusado ten&iacute;a que saber que eran robados Para el Dr. Bumagu&igrave;n el acusado "ten&iacute;a que saber que esos desechos - que recib&iacute;a- eran producto de il&iacute;citos", es decir, robados. Ya que no es com&uacute;n encontrar picaportes, cables del municipio o placas conmemorativas de l&aacute;pidas en la v&iacute;a p&uacute;blica. "Uno no va por la calle tropez&aacute;ndose con estos elementos", se&ntilde;al&oacute; el Juez. Adem&aacute;s, al ser un lugar no habilitado como chatarrer&iacute;a, Bumaguin dijo que escapaba a los controles legales. Tambi&eacute;n, como lo hizo el Fiscal, el Juez hizo hincapi&eacute; la gravedad del delito, por la cantidad de v&iacute;ctimas indirectas afectadas y por la importancia de los elementos robados. Y subray&oacute; que la pena en un futuro juicio podr&iacute;a ser de ejecuci&oacute;n efectiva.

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