En diálogo con Bien Despiertos, María Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector agropecuario en Santa Fe. Advirtió sobre una caída en la rentabilidad, mayores costos de producción e incremento de impuestos. “Nos encontramos ante un nuevo aumento del inmobiliario rural, en un contexto donde la inflación viene bajando”, explicó. Además, señaló que aún se mantiene la figura del “gran propietario rural”, a pesar de los reclamos para eliminarla. La dirigente sostuvo que “cada día hay menos capacidad de inversión” y que “la presión impositiva limita el flujo y el consumo”. En ese sentido, apuntó contra las distorsiones del sistema tributario: “Compramos con un IVA del 21% y vendemos con un 10,5%. Esa diferencia queda en el Estado y nos descapitaliza”. Aramendi también mencionó otras problemáticas como la infraestructura rural y la seguridad. “Las rutas llevan vidas. Tenemos una provincia con acceso al río Paraná, pero falta agua por falta de obras. El territorio está liberado y no hemos tenido reuniones con el gobierno provincial, a pesar de los pedidos”, señaló. María Soledad Aramendi - Presidente de la Sociedad Rural de Rosario   En cuanto a los derechos de exportación, reiteró el pedido histórico del sector: “Se deben eliminar. Hoy, el 80% de la superficie de soja queda con márgenes negativos. No se puede seguir produciendo así”. Sobre la necesidad de reformas, enfatizó: “Queremos una reforma tributaria integral. Los recursos tienen que quedar en los ciudadanos y no en el Estado”. Consultada sobre el impacto del impuesto inmobiliario en las economías regionales, dijo que “achica la economía, reduce el empleo y frena la inversión”. Y respecto al funcionamiento del sistema impositivo, cuestionó: “Cada movimiento bancario está gravado. El impuesto al cheque, los saldos técnicos de IVA, las tasas municipales, todo eso resta competitividad”. Finalmente, planteó que el Estado “debe garantizar servicios básicos como salud, educación o infraestructura”, y que los recursos públicos “no deben destinarse a campañas políticas”. “Los argentinos queremos obras, no publicidad partidaria. Hay recursos reservados que deberían destinarse a lo esencial”, concluyó.
