El Concejo Municipal de Rafaela fue escenario este martes de un nuevo contrapunto entre funcionarios del Ejecutivo y ediles de la oposición. La discusión giró en torno a compras y contrataciones que, según el PJ, se hicieron por encima de los montos permitidos y en algunos casos sin el marco legal adecuado. El secretario de Gobierno, Germán Bottero, reconoció que hubo contrataciones que superaron los topes previstos, pero sostuvo que se trató de decisiones tomadas para proteger bienes públicos y garantizar la asistencia alimentaria. Uno de los casos mencionados fue la contratación de seguridad privada en el Parque Tecnológico del Complejo Ambiental: “Quizás se ha pasado un poco el valor, pero aquí no hay ninguna cuestión turbia ni malversación. Lo que tuvimos que decidir fue si protegíamos el predio o lo dejábamos otra vez a merced del vandalismo”, afirmó Bottero. En cuanto a la compra de alimentos, señaló que el municipio adquirió productos por encima del límite autorizado de 200 millones de pesos para evitar que la caída de la ordenanza de compra directa generara un corte prolongado en la entrega de viandas y módulos. “Fue una decisión para priorizar a la gente. Ahora vamos a avanzar por primera vez con una licitación para todos los insumos, incluidos los perecederos, y evitar que esta situación se repita”, agregó. La crítica del PJ   Desde el bloque justicialista, la concejala **Valeria Soltermam** cuestionó con dureza la falta de transparencia en los procesos administrativos: “El municipio no es una empresa ni una economía familiar. La administración pública cuenta con procedimientos que aseguran transparencia, y hoy eso no se está cumpliendo”, sostuvo. Soltermam recordó la crisis de abastecimiento de alimentos ocurrida semanas atrás y apuntó contra el intendente Leonardo Viotti: “Viotti mintió cuando decía que la responsabilidad era del Concejo. Hoy sus propios funcionarios reconocieron el error”. En cuanto a los montos, la edil detalló que en junio se superó en más de 40 millones lo autorizado para la compra de alimentos y que en julio se hicieron adquisiciones por más de 170 millones sin ningún marco normativo vigente. Además, señaló que la contratación de seguridad privada en el complejo ambiental superó los 6 millones mensuales, sumando unos 24 millones en lo que va del año. “Estamos en septiembre y todavía no se ha puesto en marcha la licitación correspondiente. Lo preocupante es que se repiten errores propios del desconocimiento de la administración pública”, concluyó Lo que viene El PJ adelantó que analizará los fundamentos del pedido de corrimiento de partidas enviado por el Ejecutivo, aunque insistió en la necesidad de contar con información clara y detallada antes de acompañar nuevas modificaciones presupuestarias.
