Siete concejales resolvieron asistir a la inédita convocatoria de la Justicia rafaelina a una audiencia pública en la que los participantes deberán aportar información sobre distintos ítems que el tribunal actuante en la causa abierta en torno a la aplicación del polémico artículo 4º de la Ordenanza Nº 5331, que regula el uso de fitosanitarios en el distrito Rafaela. Aunque en principio varios concejales –incluso el autor de la iniciativa finalmente aprobada por el Concejo, Leonardo Viotti- habían especulado con la posibilidad de no concurrir, una reunión que tuvieron el presidente del Concejo, Germán Bottero, y el concejal Lisandro Mársico con el juez interviniente, Matías Colón, terminó por aclarar algunos puntos que al parecer los concejales no tenían claro. En ese encuentro el juez Colón les anticipó que la convocatoria reviste obligatoriedad de asistencia para los autores de los tres proyectos que se trataron en el recinto el día en que fue sancionada la ordenanza, en diciembre de 2021. Por eso, Brenda Vimo, Lisandro Mársico y Leonardo Viotti estarán obligados a concurrir, más allá de su voluntad o no de hacerlo. Los tres deberán responder a las consultas que Colón les tiene preparadas, sobre los fundamentos de cada una de sus iniciativas, independientemente de la suerte que hayan corrido en el recinto a la hora de juntar los votos. Además, Bottero asistirá en su condición de presidente del cuerpo. Y los ediles Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam también anticiparon su decisión de anotarse para participar, ya sea en forma presencial o vía zoom, dado que la audiencia será transmitida en forma virtual a los que se hayan anotado para hacerlo, debido a las limitaciones de espacio de la Sala 3 de audiencias, en el segundo piso de tribunales.   La representación del Ejecutivo   En tanto, desde el Departamento Ejecutivo Municipal no hubo precisiones sobre quienes participarán. Sí lo hará, por obligación, el fiscal municipal, Daniel Futtero, en tanto que se estima que debería estar presente la secretaria María Paz Caruso, a cargo de Medio Ambiente, ya que en su órbita de acción entraría las funciones de control que se reservan al Estado local en el complejo mecanismo instrumentado por la ordenanza cuestionada. En el trámite judicial en curso, la Municipalidad es la parte demandada Cabe agregar que también asistirán a la audiencia los denunciantes, que son dos entidades ambientalistas (Amigos de la Vida y ADAPA), así como particulares interesados, entre ellos productores y entidades representativas del sector primario. No habrá exposiciones particulares de cada uno, sino que todos deberán limitarse a responder a las preguntas que les formulará el juez Matías Colón.
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